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Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, destacó que la normativa comience a hacerse cargo de situaciones derivadas de la filtración de imágenes íntimas, datos personales “que requieren cada vez más resguardo”. Soy un nuevo bloque de texto y estoy listo para tu contenido.
Como positiva y saldando falencias de la legislación actual para evitar el abuso que puede realizarse a partir del tratamiento y almacenamiento de datos personales y sensibles, calificó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la iniciativa que propone modificar el Código Penal con el objeto de sancionar la difusión no consentida de material con connotación o de índole sexual.
La moción parlamentaria, presentada por las diputadas Maya Fernández y Maite Orsini, busca que se establezca el carácter de delito subir a la red imágenes, audios o videos con contenido sexual, sin consentimiento, lo que para el representante del CPLT es un “aporte a las acciones que tenemos que emprender como país para adecuarnos a situaciones que vulneran los derechos de las personas y que se vinculan con el uso de las tecnologías”.
“Esta moción de las diputadas impacta directamente en ayudarnos a saldar como país parte de la deuda que mantenemos en materia de protección a la privacidad y datos personales, los que requieren cada vez más resguardo”, afirmó el titular del CPLT.
Lo anterior, deriva de la normativa que actualmente rige en Chile que data del año 1999 y que para el Consejo para la Transparencia, órgano independiente a cargo de velar por su aplicación en el ámbito público “es una regulación que está obsoleta y no logra abordar materias que tocan la vida de las personas y que se relacionan con una adecuada protección de datos personales y sensibles, como es el caso de imágenes íntimas“, enfatizó el presidente de dicha entidad.
Ante el retraso que muestra la normativa vigente, el presidente del Consejo –órgano encargado de velar por la protección de datos personales en entidades públicas-, manifestó que “despachar con prontitud una nueva ley de protección de datos personales –en trámite- debe ser una prioridad para la seguridad y protección de los derechos de las personas”. “Tenemos que generar un marco regulatorio coherente con este tipo de situaciones y que permita ir poniendo fin a este tipo de abusos y violencia, que en este caso afecta mayoritariamente a mujeres”, finalizó.
