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Un comprometido respaldo al contraalmirante, Jorge Parga Balaresque, entregó la Multigremial de Militares y Policías en retiro, luego de conocer la injusta remoción que se hiciera del uniformado a dos días de su nombramiento, enfatizando que esta errada decisión del Gobierno deja entrever que hay detrás una ignorancia e irresponsabilidad en la conducción del país y en el manejo del agudo conflicto narcoterrorista que se vive en la macrozona sur.
Así lo dio a conocer el presidente de la Multigremial, Pedro Veas Diabuno, quien agregó que “la decisión del Gobierno fue adoptada por personas que desconocen valores como la lealtad, espíritu de cuerpo y responsabilidad de mando valores estos, entre muchos otros, inherentes a la función militar y que han permitido a las Instituciones Armadas constituirse en pilares fundamentales sobre los cuales se construyó la Nación Chilena y que mantienen al Estado de Chile y sus Instituciones, funcionando armónicamente”.
Añadió que “la defensa es un tema de Estado que se vuelve una Tarea Inalcanzable para quienes no están familiarizados con ella y peor aún, si quien tiene la responsabilidad de conducir al país no posee los talentos necesarios para comprender esta vital función y carece de capacidad personal para materializarla con éxito”.
“El respaldo del Contraalmirante Parga a un subordinado es lo mínimo que se puede exigir a quien ejerce funciones de mando más aún, cuando el cabo Leonardo Medina estaba siendo víctima – como sucede habitualmente con militares que deban enfrentar la justicia – de infundadas acusaciones levantadas en su contra por el Ministerio Público y el INDH”, precisó Pedro Veas.
Explicó que es imprescindible que la ciudadanía tenga clara conciencia qué es el Estado de Chile, quién envía a militares y policías a enfrentar asaltantes de caminos, saqueadores, incendiarios, participantes en tomas y apropiaciones de tierras e inmuebles, porque “los servidores del Estado no siempre cuentan con los recursos y medios mínimos necesarios para ejecutar la función y menos aún, con el respaldo jurídico que proteja su accionar, dejando a los servidores públicos desprotegidos y con evidente peligro de perder su profesión, su libertad y patrimonio, su integridad física e incluso la vida, pasando a llevar y dejando sin protección sus DD.HH.; y es luego ese mismo Estado el que implacablemente persigue al militar o policía en la primera oportunidad que se le presente, sin importar si ese servidor tiene o no responsabilidad en los actos que se le imputan el cual, volviéndose ya habitual que sea consignado como culpable mientras no demuestre su inocencia. Todo ello, sin que exista en el país una “defensoría jurídica” dedicada expresamente a defender a militares y policías”.
