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Uber presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un Recurso de Protección solicitando que se deje sin efecto el dictamen
interpretativo de la Dirección del Trabajo respecto de la Ley 21.431, que regula la relación laboral
entre plataformas digitales y las personas que eligen prestar servicios a través de ellas.
El Recurso presentado por Uber se fundamenta en la amenaza que presenta el dictamen a los
derechos fundamentales de igualdad ante la ley y prohibición de diferencias arbitrarias, la
prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, la libertad de contratación laboral, el derecho
a desarrollar actividades económicas lícitas y el derecho a la no discriminación arbitraria en materia
económica.
“La decisión de pedir a la Corte de Apelaciones que deje sin efecto el dictamen emitido por la
Dirección del Trabajo está en línea con el compromiso de Uber con Chile. Queremos que se respete
la ley y que quienes buscan una oportunidad económica puedan encontrarlas en las plataformas
digitales, ahora con las certezas que brinda la Ley 21.431″, comentó Alberto Vignau, Gerente
General de Uber para Cono Sur.
Según dice el Recurso, para Uber el Dictamen contradice abiertamente la ley e impide su aplicación
y afirma que “bajo la apariencia de interpretar la ley, la Dirección del Trabajo ha creado una
verdadera regulación administrativa de la actividad de prestación de servicios a través de
plataformas tecnológicas, impidiendo que la ley alcance los objetivos establecidos por el Congreso
Nacional”.
Esta presentación ante la Corte de Apelaciones sucede luego de no obtener respuesta por parte de
la Dirección del Trabajo al Recurso de Reposición presentado por Uber el pasado 26 de octubre,
donde solicitaba reconsiderar el dictamen.
Con el objetivo de contribuir a dar certezas a quienes encuentran en las plataformas digitales una
oportunidad económica, Uber ha colaborado y brindado información a lo largo de todo el proceso
que resultó en la aprobación de la ley 21.431. La presentación de este Recurso de Protección está
en línea con ese compromiso, que busca proteger la flexibilidad e independencia de los socios/as
conductores/as y repartidores/as, al tiempo que acceden a los beneficios de la seguridad social.
