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El Intendente Harry Jürgensen aseguró que “la presentación de este proyecto nos permite cumplir con uno de los compromisos de la Agenda Social del Gobierno que es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción, con una mejor justicia enfocada en las necesidades jurídicas ciudadanas”
El Presidente de la República, Sebastian Piñera, junto al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentó el proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
La iniciativa legal busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.
Esta nueva institucionalidad contará con una serie de líneas de acción. Por una parte, integra la oferta programática de las Corporaciones de Asistencia Judicial con la defensoría de víctimas de delitos, e incluye programas especializados, como el Programa Mi Abogado y el Defensor del Adulto Mayor y una línea de acción en el ámbito de los Derechos Humanos.
“El Gobierno y el Presidente Piñera en especial está preocupado en mejorar la justicia en Chile y en este sentido hay que generar organizaciones nuevas que resuelvan los problemas existentes como el acceso a la justicia y la defensoría de víctimas de delitos, se hace necesario tener una defensoría organizada que contemple demás servicios distintos a la defensa jurídica también hay que atender a las víctimas en lo psicológico en los efectos negativos que estas personas sufren cuando son vulnerados sus derechos por actos delictuales. Es muy importante atender a las víctimas y a la ciudadanía en general en cuanto a orientarlos en el acceso a la justicia, es por esa razón que el Presidente Piñera presenta estos 2 proyectos”, sostuvo el Intendente Harry Jürgensen.
Agregó que “con este proyecto se logra crear una única institucionalidad que desarrollarremos acá en nuestra región y que hoy está dispersa en distintas seremias, servicios y programas, bajo el alero de una Política Nacional de Acceso a la Justicia. Con ello se estandariza y profesionaliza la atención, orientación y representación jurídica a las personas, especialmente las más vulnerables en el ámbito laboral (despidos, por ejemplo), de familia (pensiones de alimentos), civil (contratos de arriendo) y penal (víctimas de delincuencia)”, aseveró Jürgensen.
El Seremi de Justicia y DD.HH. Alex Meeder dijo que “uno de los aprendizajes del año 2020 es la urgencia de acercar la justicia a las personas facilitandoles el acceso que no es otra cosa que proveer los medios para que las personas puedan resolver sus necesidades y conflictos legales, lo que supone otorgar asesoría, defensa y representación jurídica para que las personas sepan cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y recurran a los mecanismos para resolverlos, como los tribunales, pero también otros como la mediación. Esto lo vimos en el caso de las pensiones de alimentos, pero también en temas de arriendo, suspensión del empleo, despidos y violencia intrafamiliar”, argumentó Meeder.
El Seremi Meeder explicó que “este proyecto propone la modernización más importante de los últimos 50 años en cuanto a Acceso a la Justicia que ha sido un proceso trabajado desde el primer día que asumimos, con apoyo del Programa EuroSocial de la Unión Europea y que en el contexto de la Pandemia decidimos redoblar los esfuerzos para concretarlo. Esperamos que este esfuerzo continúe en el Congreso para que en breve plazo este proyecto sea una realidad”.
Creación de un nuevo Servicio
Se crea un nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se propone la integración de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial a lo largo del país las que, desagregadas en las distintas regiones del país, representan la primera puerta al ejercicio del derecho al acceso a la justicia de gran parte de la ciudadanía.
El objetivo es que sea un único Servicio el que reúna la oferta programática que actualmente brindan, lo que permitirá un fortalecimiento de ella, con foco en la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y Derechos Humanos a través de la contratación a nivel nacional de abogados que puedan asesorar y representar a personas cuyos DD.HH. han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración, entre otros aspectos.
Creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ)
El proyecto propone unificar, en un solo servicio, toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como “Mi Abogado” (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior.
La nueva institución prestará servicios en materia civil, laboral, de familia y penal, a través de la Defensoría de Víctimas. Adicionalmente, contempla una línea de Derechos Humanos para asesorar y representar jurídicamente a personas cuyos derechos han sido vulnerados.
Creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos. El organismo defenderá los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social. El servicio se prestará de forma universal a personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual. La Defensoría concentrará lo que hoy existe bajo los Centros de Atención Integral de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Creación del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia. Este servicio se crea para contar con un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, cuyo objetivo principal es generar nuevos lineamientos y acciones en materia de acceso a la justicia. Estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil y se busca constituir como una instancia intersectorial asesora en la definición de objetivos estratégicos y constatación de sus resultados, tanto a nivel nacional como regional.
