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Desde marzo que los funcionarios de gendarmería que trabajan en el complejo de alto bonito Puerto Montt, son transportados en los furgones institucionales, incluidos un furgón reacondicionado para el transporte de canes de la institución. Hasta 26 gendarmes son trasladados en cada vehículo.
Estos furgones son utilizados para el traslado de reos, con una capacidad máximo de 8 personas aunque no cuentan con cinturones de seguridad y en ellos se ha llegado a trasladar hasta 26 funcionarios de gendarmería al mismo tiempo, vulnerando toda norma de transporte.
Además un número importante de funcionarios que viven en la localidad de Alerce han tenido que costearse su
traslado por sus propios medios, alcanzando en algunos casos a superar los 20 mil pesos por semana.
El presidente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de la ANFUP, sargento primero, Marcos Aburto, ha sostenido innumerables conversaciones con el Director Regional como con el jefe del complejo, no encontrando disposición de la autoridad institucional a resolver dicha problemática, exponiendo gratuitamente al riesgo evidente a un accidente de tránsito que pudiera ocurrir, con resultados lamentables, “hemos solicitado un trato digno para nuestro personal y literalmente nos están tratando como animales”
Las razones que se dan para este tipo de anomalía es que el bus destinado para realizar el acercamiento del personal desde sus hogares hasta el centro penal, ubicado a 2,5 kilómetros de Puerto Montt, se encuentra en reparación por mal estado.
El bus se compró como parte de la licitación del complejo penitenciario, pero su mantención es de gendarmería, por lo cual se está solicitando la reparación inmediata, o en su efecto disponer la baja de dicho bus, debido al alto costo que ha sostenido la institución en la reparación del mismo, y adquirir una nueva máquina.
“No queremos lamentar un accidente de graves consecuencias para los funcionarios, cuando hemos informado las deficiencias de este sistema de traslado, y lo que es más graves aún cuando un posible accidente termine imputándosele a la persona de menor grado del escalafón, como en el caso de la cárcel de San Miguel, y finalmente se acuse al chofer del furgón” señala Aburto.
La Asociación de Funcionarios Penitenciarios ha declarado que de no concretarse cambios inmediatos se recurrirá a los organismos competentes; Contraloría General de la República y Ministerio de Transporte.
